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CEDEHCA Y SUS INICIOS

Desde su fundación, CEDEHCA ha concebido y desarrollado el trabajo de Derechos Humanos, poniendo énfasis en la necesidad de que ésta tenga un enfoque multiétnico e intercultural cuyo marco jurídico-legal es la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los tratados y convenciones en esta materia, al igual que el Estatuto de Autonomía (Ley 28) y su Reglamento (Decreto A.N. 3584) y las Convenciones y Declaraciones sobre Derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes.

En el año 2019, CEDEHCA celebró 25 años de labor voluntaria y comprometida en la Costa Caribe de Nicaragua, desarrollando proyectos de Educación, Organización y Movilización Comunitaria a favor de los Derechos Humanos y Autonómicos de pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes.

Los logros alcanzados por CEDEHCA en estos 25 años reflejan lo acertado de su Misión de “Contribuir en la Construcción de una Cultura Autonómica y de Paz en la Costa Caribe de Nicaragua”, alcanzado importantes transformaciones en la calidad y estilo de vida de las personas.

CEDEHCA está particularmente orgullosa del establecimiento del Movimiento Jóvenes Estableciendo Nuevos Horizontes (JENH) en 1999, que ha contribuido a la formación de miles de jóvenes costeños y costeñas empoderados de sus derechos y responsabilidades y capaces de contribuir al desarrollo de la sociedad, así como a la consolidación del proceso de Autonomía.

A través de los años, la organización ha impulsado acciones tan importantes como la Campaña Regional para la Reglamentación de la Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas, el Decreto 3584, incluyendo la recopilación de más de 12,000 firmas notariadas y debidamente presentadas ante la Asamblea Nacional de Nicaragua para lograr su aprobación. Asimismo, la elaboración del Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR) y su posterior incorporación a la Ley General de Educación; la restitución del Derecho a un Nombre, Una Identidad y Una Nacionalidad a más de 200,000 niños, niñas y adolescentes; la creación de las Secretarías de la Juventud de los Gobiernos Regionales Autónomos; procesos de Educación Ciudadana y Observación Electoral celebradas desde 1996; Campañas de Lucha en Contra de la Violencia en sus diferentes manifestaciones; la revitalización de las Celebraciones Culturales del May Pole; la penalización de la Discriminación Racial en el Código Penal de Nicaragua; la Escuela Móvil de Liderazgo Juvenil Comunitario y recientemente el Intercambio Sur-Sur entre jóvenes costeños y costeñas y jóvenes guatemaltecos para brindar atención psicosocial y primeros auxilios emocionales a estudiantes, jóvenes en riesgo y mujeres víctimas de violencia.

Los éxitos de CEDEHCA son el reflejo de la labor loable e incansable de cientos de mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños afrodescendientes, indígenas y mestizos, la mayoría de ell@s voluntari@s, que con gran esfuerzo y dedicación han forjado un mejor porvenir para sus comunidades y para la Costa Caribe de Nicaragua.

La Costa Caribe comprende la gran planicie del Atlántico con 551 Km de litoral costero; una llanura comprendida por el curso inferior del río Coco o Wangki por el Norte, el río Punta Gorda al Sur, una extensa red de ríos navegables, entre los que están el Wawa, Kukalaya, Prinzapolka, Grande de Matagalpa y Escondido. Esta llanura se adentra hasta el sector montañoso del centro y norte del país.

El litoral Caribe posee formaciones, bahías y humedales que contribuyen al desarrollo de la pesca, una de las principales actividades económicas de la región. La región cuenta con bosques tropicales húmedos de enorme significado por su potencial económico y para la conservación del ecosistema y la biodiversidad, que son de gran valor alimenticio, comercial y científico. Cuenta además con los yacimientos de oro más importantes del país que se localizan en los municipios de Siuna, Bonanza y Rosita, conocidos como Triangulo Minero.

La Región Autónoma de la Costa Caribe Norte tiene una extensión de 32,159 Km2. Comprende las islas y cayos adyacentes (Cayos Miskitos). Su sede administrativa es la ciudad de Bilwi, que es a su vez la cabecera del municipio de Puerto Cabezas. Limita al Norte con la República de Honduras, teniendo como división el río Coco o Wangki; al Sur limita con la Región Autónoma del Caribe Sur, dividido por el Río Grande de Matagalpa y al Oeste, limita con los Departamentos de Jinotega y Matagalpa.

La población de la RACCN es miskita, mayangna, kriol y mestiza. La región cuenta con 8 municipios: Puerto Cabezas, Waspam, Rosita, Siuna, Bonanza, Prinzapolka, Waslala y Mulukukú y 19 Territorios Indígenas y Afrodescendientes de Kipla Sait Tasbaika Kum, Miskitu Indian Taspaika Kum, Mayangna Sauni Bu, Li Lamni Tasbaika Kum, Wangki Li Aubra Tasbaya, Awas Tingni, Wangki Twi Tasba Raya, Wangki Maya, Diez Comunidades, Tasba Pri, Tawira, Karata, Waupasa Twi-Llano Sur, MATUNGBAK, Mayangna Sauni As, Sikilta, Tuahka, Prinsu Awala y Prinsu Auhya.

La Región Autónoma de la Costa Caribe Sur se concentra la mayor cantidad de población afrodescendiente (kriol y garifuna) de Nicaragua, además hay población indígena ulwa, rama y miskita. Habita asimismo, una importante población mestiza que constituye la mayoría.

La RACCS tiene una superficie de 27,407 Km2 y comprende las Islas y Cayos adyacentes, entre las que se encuentran Corn Island, Little Corn Island y Cayos Perlas. Su sede administrativa es la ciudad de Bluefields que es a su vez la cabecera municipal del municipio que lleva su mismo nombre. Sus límites son: Al Norte con la Región Autónoma del Caribe Norte; al Este, el Mar Caribe; al Sur, el Departamento de Río San Juan y, al Oeste, el Departamento de Chontales.

La región se divide administrativamente en doce municipios: Paiwas, Desembocadura de la Cruz de Río Grande, Laguna de Perlas, El Tortuguero, El Rama, El Ayote, Muelle de los Bueyes, Kukra Hill, Corn Island, Bluefields y Nueva Guinea. Abarca además los Territorios Indígenas y Afrodescendientes de Awaltara Luhpia Nani, Laguna de Perlas, Rama Kriol y Bluefields Kriol.

La Constitución Política promulgada por la Asamblea Nacional de Nicaragua en 1987 establece en su Arto. 8… “Nicaragua es un país multiétnico y pluricultural.” Este enunciado representó un logro trascendental por ser la primera vez que un país latinoamericano acepta y reconoce la diversidad étnica y cultural de su nación; y desde una perspectiva jurídica, amplía la noción de ciudadanía de pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense.

Para poner en práctica este histórico enunciado y aún en medio de la guerra contrarrevolucionaria que vivía el país, el Gobierno de Nicaragua en coordinación con líderes indígenas, afrodescendientes y mestizos, así como de las iglesias y con el apoyo de intelectuales nacionales y extranjeros, conforma la Comisión Nacional y Comisiones Regionales de Autonomía para iniciar un intenso proceso de consulta y negociación que dio lugar a la aprobación del Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas (Ley 28) en septiembre de 1987 y su posterior promulgación en La Gaceta, Diario Oficial en octubre de ese mismo año.

La Autonomía es considerada como un sistema de gobierno descentralizado en el marco de la unidad del Estado de Nicaragua, que consigna el reconocimiento legal y ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales de pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos del Caribe nicaragüense; constituyendo un espacio desde el cual se promueve la autodeterminación de dichos pueblos como medio fundamental para el despliegue pleno de sus potencialidades y capacidades.

Desde esta perspectiva, el régimen autonómico es el medio que ha facilitado condiciones para fortalecer la identidad étnico-cultural de los pueblos del Caribe nicaragüense y ha permitido impulsar dinámicas políticas, sociales y culturales que contribuyen a la erradicación de la invisibilidad, el racismo, la discriminación y la exclusión imperante en gran parte de la trayectoria histórica entre el Estado-Nación y las Regiones Autónomas.

La implementación de la Autonomía no ha implicado un proceso lineal-mecánico. Su realización y estado actual ha conllevado complejas relaciones con el gobierno central y actores políticos nacionales. Desde 1990 las instituciones autonómicas han sido sujetas de desconocimiento por parte de las autoridades nacionales; este desconocimiento además de fragmentar la débil institucionalidad autonómica emergente, limita los recursos económicos necesarios para el desarrollo de políticas regionales e incidió en la carencia de cumplimiento de los derechos autonómicos reconocidos a los pueblos de la región.

Durante casi dos décadas (1990-2006) las evidencias de un limitado apoyo a la Autonomía por parte del gobierno central, tuvieron implicancias profundas en las limitadas oportunidades para el desarrollo humano en ambas regiones autónomas. La educación continuó impartiéndose únicamente en español y no incluye la historia de la Costa Caribe; no se reconoce el derecho de propiedad sobre las tierras y territorios comunales; la administración de justicia no tomó en cuenta el derecho consuetudinario y se socavaron los cimientos de la economía regional, principalmente a través de empresas pesqueras y forestales de la región que pasaron a ser administradas bajo la CORNAP (Corporación Nacional del Sector Privado) para luego ser subvaluadas y vendidas a precios ínfimos a empresarios del Pacífico y a extranjeros.

Durante el periodo de referencia, además de evidenciarse relaciones altamente políticas, tensas y complejas entre autoridades nacionales y regionales; quedó expuesta la limitada capacidad de las autoridades regionales para defender, proteger y promover los derechos autonómicos reconocidos a la población de la Costa Caribe, así como la fuerza y prioridad de intereses partidarios, por encima de la agenda para el desarrollo de la región y la consolidación del proceso de Autonomía.

En dicho contexto, organizaciones de la sociedad civil costeña desempeñan un rol importante. La mayoría de los avances logrados en ese período son impulsados y/o influenciados por organizaciones de la sociedad civil de la Costa Caribe como CEDEHCA, que se plantea como misión fundamental la consolidación del régimen autonómico desde el reconocimiento jurídico de derechos y el empoderamiento para el ejercicio y defensa de los mismos.

Ejemplo de lo anterior, es la elaboración de la propuesta e incidencia para la aprobación del Decreto de la Asamblea Nacional No. 3584: Reglamentación del Estatuto de Autonomía; la aprobación del Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR) como modelo de educación para los pueblos del Caribe nicaragüense; el Modelo Regional de Salud que incluye la Ley de Medicina Tradicional, así como el Modelo de Administración de Justicia de las Regiones Autónomas, habiendo también presentado la Propuesta de Reformas a la Ley Electoral (Ley N° 331) y Ley de Participación Ciudadana (Ley N°152), que surgen producto del acompañamiento electoral que se ha venido haciendo de elecciones nacionales, regionales, municipales y territoriales en las regiones autónomas a partir de 1996.

Un ámbito en el cual se han logrado cambios importantes es en el proceso de demarcación y titulación de territorios indígenas y afrodescendientes. A partir de la aprobación de la Ley N° 445 (2003), el proceso de demarcación territorial ha avanzado sustancialmente, habiéndose titulado 22 territorios indígenas y afrodescendientes.

De igual manera constituye un éxito la elección democrática de ocho gobiernos regionales a partir de 1990, así como los avances en lo referido a la elección de mujeres como Consejales Regionales, ocupando el 49% de los escaños en el Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte y 47% en la Costa Caribe Sur.

Por otro lado, tanto a nivel internacional como a nivel nacional se han generado avances importantes en el reconocimiento jurídico de los derechos colectivos de pueblos indígenas y afrodescendientes. En el marco del derecho internacional, Nicaragua ha adoptado convenios que complementan el ejercicio de los derechos autonómicos, tales como el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Nicaragua el 25 de agosto del 2010 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre del 2007.

A nivel nacional, además de la ratificación e incorporación del CT 169 de la OIT en la legislación nacional y su ampliación para pueblos afrodescendientes; las últimas reformas a la Constitución también sustituyen el término “Atlántico” por “Caribe” de Nicaragua y se designa a la población originaria de África, traída en contra de su voluntad bajo el régimen de la esclavitud como “pueblos afrodescendientes”.

Persisten sin embargo desafíos fundamentales. En lo referido a participación política es preciso avanzar hacia una reforma a la Ley Electoral (Ley 331). Considérese, la mayoría de los Consejales Regionales tanto de la Costa Caribe Norte (50%) como de la Costa Caribe Sur (52%), pertenecen a una sola etnia. Ello contradice el espíritu y letra de la Ley de Autonomía que pretende reflejar la participación equitativa de la población indígena, afrodescendiente y mestiza, tanto de hombres, mujeres y jóvenes, así como personas con discapacidades, involucrados todos en un proceso de transición desde una democracia propiamente representativa hacia un proceso más multiétnico que permita el ejercicio efectivo de sus derechos políticos y demandas históricas.

En ese sentido vale señalar el marco jurídico de la Autonomía es amplio, pero muchas de sus leyes aún no han sido plenamente puestas en práctica. Ha habido traslado de competencias en el marco de la salud y la educación, sin embargo, la regionalización aún no funciona plenamente. Aunque las universidades URACCAN y BICU concentran esfuerzos en la formación intercultural de los recursos humanos de la región, otros aspectos de la Ley 28, particularmente en cuanto al traslado y administración del presupuesto regional y la implementación del Fondo Especial de Desarrollo, no han sido aplicados. Asimismo, es necesario continuar fortaleciendo las capacidades de las Regiones Autónomas para desarrollar sus propias fuentes de ingreso mediante el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y escénicos.

Se reconoce una mayor inversión pública y privada hacia las regiones autónomas, sin embargo, la economía del Caribe aún se caracteriza por estar integrada por pequeños productores de limitada productividad, exportadores de materia prima y productos de bajo valor agregado, así como una elevada incertidumbre y riesgo en cuanto a la tenencia de la propiedad. Ello a su vez genera elevados niveles de pobreza, desempleo, inseguridad y desintegración familiar y comunitaria, dado jóvenes costeños deben emigrar al pacífico de Nicaragua, los Estados Unidos, Panamá, Costa Rica o Grand Caimán o trabajar en cruceros estadounidenses y Europeos para tener oportunidades de empleo y generación de ingresos.

El Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables (PNESER), así como diferentes proyectos de telecomunicaciones, han permitido que un número sin precedente de familias costeñas tengan acceso a energía eléctrica, telefonía fija y celular, así como internet. Por otra parte, la inadecuada infraestructura de transporte terrestre y los altos costos asociados al transporte aéreo y acuático limita la capacidad de pequeños productores de asociarse, generar economías de escala u acceder a mercados regionales y nacionales.

Los pueblos indígenas y afrodescendientes también enfrentan el reto de la transculturización, la pérdida de valores tradicionales y el rompimiento de sistemas y estructuras comunitarias que les han permitido preservar sus culturas, creencias y prácticas a través de los siglos e incluso antes de la constitución del Estado Nicaragüense. Ello a su vez genera pérdida de autoestima, depresión e incluso delincuencia juvenil al combinarse con la falta de oportunidades de participación, empleo, educación, recreación y deporte para jóvenes.

A partir de lo anterior, la participación de las y los jóvenes en el desarrollo del Caribe Nicaragüense, como actores y sujetos de derecho plenamente capaces de contribuir al avance de la sociedad, debe asumirse como el principal reto de la Autonomía. Generar las condiciones para que la juventud costeña pueda convertirse en un participante de calidad es la tarea pendiente tanto del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales Autónomos, las Alcaldías y los Gobiernos Territoriales, pero también del sector privado, las universidades, organizaciones sociales, así como otras expresiones comunitarias de organización política, social, económica y cultural.

Considerando los logros y desafíos del régimen autonómico se puede afirmar han habido avances sustanciales, sin embargo aún quedan aspectos pendientes que invitan a contemplar una posible reforma el Estatuto de Autonomía que pudiese tomar en cuenta la pertinencia de una nueva división político-administrativa para tomar en cuenta los territorios indígenas y afrodescendientes, así como las estructuras del poder político comunal y territorial; la participación plena de la mujer y juventud; la descentralización de competencias administrativas y recursos hacia las regiones autónomas, particularmente en lo referido a educación, salud, deportes, infraestructura y producción; la creación del Fondo Especial de Desarrollo Regional y el Plan de Arbitrios para ambas regiones autónomas; entre otras.

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