La Constitución Política promulgada por la Asamblea Nacional de Nicaragua en 1987 establece en su Arto. 8… “Nicaragua es un país multiétnico y pluricultural.” Este enunciado representó un logro trascendental por ser la primera vez que un país latinoamericano acepta y reconoce la diversidad étnica y cultural de su nación; y desde una perspectiva jurídica, amplía la noción de ciudadanía de pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense.
Para poner en práctica este histórico enunciado y aún en medio de la guerra contrarrevolucionaria que vivía el país, el Gobierno de Nicaragua en coordinación con líderes indígenas, afrodescendientes y mestizos, así como de las iglesias y con el apoyo de intelectuales nacionales y extranjeros, conforma la Comisión Nacional y Comisiones Regionales de Autonomía para iniciar un intenso proceso de consulta y negociación que dio lugar a la aprobación del Estatuto de Autonomía de las Regiones Autónomas (Ley 28) en septiembre de 1987 y su posterior promulgación en La Gaceta, Diario Oficial en octubre de ese mismo año.
La Autonomía es considerada como un sistema de gobierno descentralizado en el marco de la unidad del Estado de Nicaragua, que consigna el reconocimiento legal y ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales de pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos del Caribe nicaragüense; constituyendo un espacio desde el cual se promueve la autodeterminación de dichos pueblos como medio fundamental para el despliegue pleno de sus potencialidades y capacidades.
Desde esta perspectiva, el régimen autonómico es el medio que ha facilitado condiciones para fortalecer la identidad étnico-cultural de los pueblos del Caribe nicaragüense y ha permitido impulsar dinámicas políticas, sociales y culturales que contribuyen a la erradicación de la invisibilidad, el racismo, la discriminación y la exclusión imperante en gran parte de la trayectoria histórica entre el Estado-Nación y las Regiones Autónomas.
La implementación de la Autonomía no ha implicado un proceso lineal-mecánico. Su realización y estado actual ha conllevado complejas relaciones con el gobierno central y actores políticos nacionales. Desde 1990 las instituciones autonómicas han sido sujetas de desconocimiento por parte de las autoridades nacionales; este desconocimiento además de fragmentar la débil institucionalidad autonómica emergente, limita los recursos económicos necesarios para el desarrollo de políticas regionales e incidió en la carencia de cumplimiento de los derechos autonómicos reconocidos a los pueblos de la región.
Durante casi dos décadas (1990-2006) las evidencias de un limitado apoyo a la Autonomía por parte del gobierno central, tuvieron implicancias profundas en las limitadas oportunidades para el desarrollo humano en ambas regiones autónomas. La educación continuó impartiéndose únicamente en español y no incluye la historia de la Costa Caribe; no se reconoce el derecho de propiedad sobre las tierras y territorios comunales; la administración de justicia no tomó en cuenta el derecho consuetudinario y se socavaron los cimientos de la economía regional, principalmente a través de empresas pesqueras y forestales de la región que pasaron a ser administradas bajo la CORNAP (Corporación Nacional del Sector Privado) para luego ser subvaluadas y vendidas a precios ínfimos a empresarios del Pacífico y a extranjeros.
Durante el periodo de referencia, además de evidenciarse relaciones altamente políticas, tensas y complejas entre autoridades nacionales y regionales; quedó expuesta la limitada capacidad de las autoridades regionales para defender, proteger y promover los derechos autonómicos reconocidos a la población de la Costa Caribe, así como la fuerza y prioridad de intereses partidarios, por encima de la agenda para el desarrollo de la región y la consolidación del proceso de Autonomía.
En dicho contexto, organizaciones de la sociedad civil costeña desempeñan un rol importante. La mayoría de los avances logrados en ese período son impulsados y/o influenciados por organizaciones de la sociedad civil de la Costa Caribe como CEDEHCA, que se plantea como misión fundamental la consolidación del régimen autonómico desde el reconocimiento jurídico de derechos y el empoderamiento para el ejercicio y defensa de los mismos.
Ejemplo de lo anterior, es la elaboración de la propuesta e incidencia para la aprobación del Decreto de la Asamblea Nacional No. 3584: Reglamentación del Estatuto de Autonomía; la aprobación del Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR) como modelo de educación para los pueblos del Caribe nicaragüense; el Modelo Regional de Salud que incluye la Ley de Medicina Tradicional, así como el Modelo de Administración de Justicia de las Regiones Autónomas, habiendo también presentado la Propuesta de Reformas a la Ley Electoral (Ley N° 331) y Ley de Participación Ciudadana (Ley N°152), que surgen producto del acompañamiento electoral que se ha venido haciendo de elecciones nacionales, regionales, municipales y territoriales en las regiones autónomas a partir de 1996.
Un ámbito en el cual se han logrado cambios importantes es en el proceso de demarcación y titulación de territorios indígenas y afrodescendientes. A partir de la aprobación de la Ley N° 445 (2003), el proceso de demarcación territorial ha avanzado sustancialmente, habiéndose titulado 22 territorios indígenas y afrodescendientes.
De igual manera constituye un éxito la elección democrática de ocho gobiernos regionales a partir de 1990, así como los avances en lo referido a la elección de mujeres como Consejales Regionales, ocupando el 49% de los escaños en el Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte y 47% en la Costa Caribe Sur.
Por otro lado, tanto a nivel internacional como a nivel nacional se han generado avances importantes en el reconocimiento jurídico de los derechos colectivos de pueblos indígenas y afrodescendientes. En el marco del derecho internacional, Nicaragua ha adoptado convenios que complementan el ejercicio de los derechos autonómicos, tales como el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Nicaragua el 25 de agosto del 2010 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre del 2007.
A nivel nacional, además de la ratificación e incorporación del CT 169 de la OIT en la legislación nacional y su ampliación para pueblos afrodescendientes; las últimas reformas a la Constitución también sustituyen el término “Atlántico” por “Caribe” de Nicaragua y se designa a la población originaria de África, traída en contra de su voluntad bajo el régimen de la esclavitud como “pueblos afrodescendientes”.
Persisten sin embargo desafíos fundamentales. En lo referido a participación política es preciso avanzar hacia una reforma a la Ley Electoral (Ley 331). Considérese, la mayoría de los Consejales Regionales tanto de la Costa Caribe Norte (50%) como de la Costa Caribe Sur (52%), pertenecen a una sola etnia. Ello contradice el espíritu y letra de la Ley de Autonomía que pretende reflejar la participación equitativa de la población indígena, afrodescendiente y mestiza, tanto de hombres, mujeres y jóvenes, así como personas con discapacidades, involucrados todos en un proceso de transición desde una democracia propiamente representativa hacia un proceso más multiétnico que permita el ejercicio efectivo de sus derechos políticos y demandas históricas.
En ese sentido vale señalar el marco jurídico de la Autonomía es amplio, pero muchas de sus leyes aún no han sido plenamente puestas en práctica. Ha habido traslado de competencias en el marco de la salud y la educación, sin embargo, la regionalización aún no funciona plenamente. Aunque las universidades URACCAN y BICU concentran esfuerzos en la formación intercultural de los recursos humanos de la región, otros aspectos de la Ley 28, particularmente en cuanto al traslado y administración del presupuesto regional y la implementación del Fondo Especial de Desarrollo, no han sido aplicados. Asimismo, es necesario continuar fortaleciendo las capacidades de las Regiones Autónomas para desarrollar sus propias fuentes de ingreso mediante el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y escénicos.
Se reconoce una mayor inversión pública y privada hacia las regiones autónomas, sin embargo, la economía del Caribe aún se caracteriza por estar integrada por pequeños productores de limitada productividad, exportadores de materia prima y productos de bajo valor agregado, así como una elevada incertidumbre y riesgo en cuanto a la tenencia de la propiedad. Ello a su vez genera elevados niveles de pobreza, desempleo, inseguridad y desintegración familiar y comunitaria, dado jóvenes costeños deben emigrar al pacífico de Nicaragua, los Estados Unidos, Panamá, Costa Rica o Grand Caimán o trabajar en cruceros estadounidenses y Europeos para tener oportunidades de empleo y generación de ingresos.
El Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables (PNESER), así como diferentes proyectos de telecomunicaciones, han permitido que un número sin precedente de familias costeñas tengan acceso a energía eléctrica, telefonía fija y celular, así como internet. Por otra parte, la inadecuada infraestructura de transporte terrestre y los altos costos asociados al transporte aéreo y acuático limita la capacidad de pequeños productores de asociarse, generar economías de escala u acceder a mercados regionales y nacionales.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes también enfrentan el reto de la transculturización, la pérdida de valores tradicionales y el rompimiento de sistemas y estructuras comunitarias que les han permitido preservar sus culturas, creencias y prácticas a través de los siglos e incluso antes de la constitución del Estado Nicaragüense. Ello a su vez genera pérdida de autoestima, depresión e incluso delincuencia juvenil al combinarse con la falta de oportunidades de participación, empleo, educación, recreación y deporte para jóvenes.
A partir de lo anterior, la participación de las y los jóvenes en el desarrollo del Caribe Nicaragüense, como actores y sujetos de derecho plenamente capaces de contribuir al avance de la sociedad, debe asumirse como el principal reto de la Autonomía. Generar las condiciones para que la juventud costeña pueda convertirse en un participante de calidad es la tarea pendiente tanto del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales Autónomos, las Alcaldías y los Gobiernos Territoriales, pero también del sector privado, las universidades, organizaciones sociales, así como otras expresiones comunitarias de organización política, social, económica y cultural.
Considerando los logros y desafíos del régimen autonómico se puede afirmar han habido avances sustanciales, sin embargo aún quedan aspectos pendientes que invitan a contemplar una posible reforma el Estatuto de Autonomía que pudiese tomar en cuenta la pertinencia de una nueva división político-administrativa para tomar en cuenta los territorios indígenas y afrodescendientes, así como las estructuras del poder político comunal y territorial; la participación plena de la mujer y juventud; la descentralización de competencias administrativas y recursos hacia las regiones autónomas, particularmente en lo referido a educación, salud, deportes, infraestructura y producción; la creación del Fondo Especial de Desarrollo Regional y el Plan de Arbitrios para ambas regiones autónomas; entre otras.
